La Municipalidad de Cafayate, a través de la Resolución N° 179/26, dispuso una serie de medidas destinadas a proteger las áreas afectadas por los incendios forestales que se registraron en el Departamento durante los últimos 40 días, los cuales causaron graves daños en bosque nativo y vegetación autóctona, comprometiendo recursos de alto valor ecológico, paisajístico y turístico.

La resolución, firmada por la intendenta Rita Valeria Guevara, se enmarca en la Ley Nacional N° 26.815 de Manejo del Fuego y su modificatoria, la Ley N° 27.604, que establecen restricciones específicas sobre las superficies alcanzadas por incendios. Estas normas prohíben, durante los plazos legalmente establecidos, modificar el uso o destino de los inmuebles afectados, así como realizar loteos, urbanizaciones o cualquier otro emprendimiento incompatible con la recuperación ambiental de la zona.

Entre las principales disposiciones, el municipio:

• Instruyó a todas sus Secretarías, Direcciones y áreas con competencia en planeamiento urbano, catastro, ambiente y obras públicas a abstenerse de otorgar permisos, habilitaciones, subdivisiones, loteos o cambios de uso de suelo en las superficies afectadas por el fuego.
• Creó el Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, con el fin de identificar y resguardar la información sobre las zonas alcanzadas.
• Solicitó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta y al Sistema Federal de Manejo del Fuego la delimitación y georreferenciación técnica de las áreas afectadas.
• Encomendó a las áreas municipales la realización de campañas de difusión y concientización sobre la protección de los bosques nativos y la prevención de incendios forestales.

La medida busca garantizar que los incendios no generen beneficios económicos derivados de cambios de uso del suelo o desarrollos inmobiliarios posteriores al siniestro, asegurando así la restauración de los ecosistemas dañados. Desde el municipio remarcaron que la protección de los bosques nativos y la biodiversidad constituye una política pública prioritaria, dado su valor ambiental, cultural, paisajístico, turístico y económico para la comunidad.